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La Justicia suspende el pleno de la independencia en Cataluña

La Justicia suspende el pleno de la independencia en Cataluña

El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el 9 de octubre ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.

En consecuencia, el presidente del Gobierno está prácticamente obligado a utilizar la artillería pesada para atajar el independentismo, reconducir la situación y el orden en Cataluña, antes de que sea demasiado tarde a consecuencia de su tibieza.

Defendiendo un desafío del Partido Socialista de Cataluña, que se opone a la secesión de España, el tribunal dictaminó que permitir que el parlamento regional se reúna y declare la independencia violaría los derechos de los diputados del partido.

La coalición Junts pel sí, integrada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, antes Convergencia Democrática), y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se comprometieron durante tres años de movilización a favor de la secesión que después de celebrado el referendo y en caso de que ganara el "sí" en un plazo de 48 horas declararían la independencia unilateral.

Por ello, el PSC afirma en su recurso que "pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional".

"¿Hay una solución? Sí, hay", dijo Rajoy a la agencia de noticias Efe.

Ahora, el mandatario pide dirigirse al parlamento autonómico -controlado por las fuerzas secesionistas- para dar explicaciones sobre cómo proceder luego del controvertido escrutinio, sin mencionar tampoco una eventual declaración unilateral de independencia.

El Banco Sabadell, uno de los más grandes de Cataluña y el quinto de mayor tamaño en España en volumen de activos, informó en un comunicado el jueves al regulador bursátil español que cambiará el domicilio legal del banco a la ciudad de Alicante, en el este del país. También Caixabank, el tercer banco español por número de activos, está evaluando tomar una decisión similar.

Varias empresas con sede en Cataluña han empezado a cambiar su emplazamiento social y a plantearse cómo afrontar la incertidumbre política generada en esa región española tras el referéndum ilegal del 1-O, con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.