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México, entre los países más corruptos de AL

México, entre los países más corruptos de AL

El capítulo nacional de la organización publicó los resultados de Colombia frente a la encuesta aplicada a 20 países de América Latina y el Caribe en 2016.

Sin embargo, en comparación con el resto de los países latinoamericanos, Uruguay es uno de lo que muestra índices más bajos en cuanto a la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos.

Entre las instituciones donde más se pagó sobornos, destacan: los hospitales públicos, las escuelas públicas y las encargadas de los documentos de entidad. "El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables", argumentó.

La policía y los políticos son percibidos como las instituciones más corruptas de la región, con casi la mitad de los ciudadanos diciendo que la mayoría o todas las personas en estas instituciones son corruptas, lo que demuestra una "preocupante falta de confianza en estos grupos vitales del sector público".

El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe" señaló que 29% de los ciudadanos que utilizaron servicios públicos clave en los últimos 12 meses pagaron algún soborno.

El reporte, basado en una encuesta realizada a más de 22,000 personas en 20 países de la región, se difunde en momentos en que uno de los mayores escándalos de corrupción de Brasil ha salpicado a la región. Según la organización, haciendo un estimado poblacional en la región, esto significa que unos 90 millones de personas están acostumbradas a pagar sobornos.

El estudio también abarcó a otros países de América Latina: México, Colombia, República Dominicana, Perú y Venezuela son los que tienen la peor opinión sobre la corrupción en sus países.

El barómetro también señala que 79% de las personas cree que la corrupción ha aumentado en el Perú y se ubica tercera en el ránking regional, detras de Venezuela y Chile.

El Barómetro Global de Corrupción 2017, exhorta a los gobiernos a invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial y criterios transparentes para la asignación de causas.