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Bonadio pidió al Senado permiso para allanar los domicilios de Cristina

Bonadio pidió al Senado permiso para allanar los domicilios de Cristina

Según los cuadernos, que detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, los sobornos fueron utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas.

En caso de aceptar, el ex chofer de Baratta deberá aportar información comprobable y, de ser real, se le atenuará la pena al momento de una eventual condena.

La investigación del diario La Nación se sustenta en unas libretas escritas por Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación.

Centeno quedó detenido este martes después de ser acusado por el fiscal como parte de una asociación ilícita que se dedicó al pago y cobro de sobornos por una cifra que la justicia estima en más de 160 millones de dólares.

En medio del escándalo por los cuadernos que se mencionan pero no aparecen y las diligencias del juez Claudio Bonadio por acelerar los tiempos y conseguir el desafuero de Cristina Kirchner, quien salió a cruzar la movida oficial fue el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto.

"Jamás pagué coimas (sobornos). Esto es un circo mediático", se defendió Ferreyra este jueves cuando fue trasladado esposado para declarar ante el juez.

-Carlos Wagner: ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y empleado de Esuco.

Este miércoles 1 de agosto el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de más de 15 exfuncionarios y empresarios y citó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el 13 de agosto próximo junto con varios de sus antiguos subordinados. Otro de los detenidos es Walter Fagyas, extitular de la empresa energética Enarsa. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado.

Además, el magistrado solicitó ayer permiso al Congreso para allanar los domicilios de la senadora, entre ellos la propiedad de Uruguay y Juncal en la Capital Federal, y las residencias de Santa Cruz.

El fiscal federal Carlos Stornelli había adelantado que una posibilidad era ofrecerle a Centeno seguir en libertad a cambio de que acceda a convertirse en arrepentido.