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Detención preventiva para Cristina Fernández por caso de sobornos

Detención preventiva para Cristina Fernández por caso de sobornos

Todo en el marco de la causa conocida como la de los cuadernos de la corrupción.

La investigación a cargo de Bonadio se inició cuando el diario "La Nación" reveló que el chofer de Baratta anotó entre 2005 y 2015 los detalles de los sobornos que iba a cobrar a distintas oficinas y empresas y a quiénes eran entregados, en algunos casos en la residencia presidencial oficial o el departamento privado de la familia Kirchner.

Por su parte, Cristina Kirchner publicó un video de 17 minutos en su cuenta de Twitter, la senadora escribió: "Se llevaron hasta un rosario, de cuentas de piedra, que tenía colgado con otros más, en el espejo de mi cuarto".

En su momento, el juez Bonadio había informado que el expediente acumulaba "32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación", al tiempo que se realizaron "70 allanamientos" y secuestraron unos 6 millones de pesos y poco más de un millón de dólares.

Según el juez, la "asociación ilícita" estaba dirigida por la ex mandataria, Néstor Kirchner y Julio de Vido, junto a otros ex funcionarios de su gestión, que también fueron procesados.

La resolución del juez fue nutrida por información que aportaron decenas de arrepentidos a la causa, la mayoría empresarios, pero también funcionarios públicos como José López y Claudio Uberti, ambos acogidos a la figura de "imputados colaboradores".

Es más: esa situación derivó en la causa por la que Julio De Vido, exministro de Planificación, la titular de Madres Hebe de Bonafini, el exapoderado Sergio Schoklender y el antes mencionado López.

Esos escritos fueron entregados a un periodista de un medio de prensa porteño que se encargó de difundirlos y entregarlos a la Justicia. Entre ellos están Angelo Calcaterra, primo del actual presidente argentino, Mauricio Macri, que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas; Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona. Se trata de un delito que consiste en sobornar a un funcionario mediante la solicitud de una dádiva, es decir, ofrecer una coima. El juez pidió la prisión preventiva pero para que se cumpla deberán quitarle los fueros parlamentarios.