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La petición de 25 años para Oriol Junqueras amenaza los Presupuestos

La petición de 25 años para Oriol Junqueras amenaza los Presupuestos

Conocida de antemano -este jueves por la noche- la rebaja de rebelión a sedición en su calificación, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia reclamaron castigos menores que la Fiscalía a la mitad de los 18 procesados.

La Fiscalía también pide 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación por el delito de rebelión para los Jordis -Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidente de Ómnium Cultural- y para la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmè Forcadell.

Cinco de los consejeros del gobierno del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont -Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull- se enfrentan a la posibilidad de 16 años de cárcel, al también haber sido formalmente acusados de rebelión.

La Fiscalía General del Estadoha mantenido su postura este viernes y acusa a los líderes del 'procés' de cometer delito de rebelión, frente a la Abogacía del Estado, que asegura que los secesionista solo han cometido delito de sedición.

La Fiscalía española anunció las penas de prisión que solicita para los líderes independentistas catalanes, a los que acusa del delito de rebelión.

Otros tres exmiembros del Gobierno catalán -Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila- serán acusados de delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia, pero no de rebelión.

Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de las CUP.

Esos hechos, referidos al acoso a la comisión judicial que registró la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la celebración del referéndum del 1-O, forman parte del relato acusatorio que se formalizará ante el Supremo y que es fundamento esencial de la acusación por rebelión, de manera que no sería coherente que ese tipo delictivo no se mantuviera en la acusación que se sostendrá en la Audiencia Nacional. Acusación de la Fiscalía que coincide con lo decidido por los fiscales del Supremo, el juez instructor Llarena y la Sala de los Penal del Supremo.

Por su parte, el delito de malversación contempla penas de hasta 12 años de prisión "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros", lo que se supere holgadamente en este caso, después de que la Guardia Civil elevara a 3,2 millones de euros la cantidad malversada en un escrito remitido al alto tribunal.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se ha movido ni un milímetro de la acusación que hizo hace un año, en pleno desafío independentista, contra la cúpula del procés.

Por el mismo delito, pide 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

No obstante, una vez que es parte en la causa el abogado del Estado no está legalmente limitado a acusar por malversación.

En función de esa participación, Delgado ha subrayado que la Abogacía ha calificado los hechos como "posible delito de sedición y delito de malversación de caudales públicos, en lo que se denomina concurso medial, es decir, que la malversación es un delito medio para alcanzar el de sedición".