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Exhumación de dictador Franco en España será el 10 de junio

Exhumación de dictador Franco en España será el 10 de junio

El gobierno justificó la elección del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, al oeste de Madrid, porque, según argumentó la vicepresidenta Calvo, ofrece condiciones de seguridad y "permite garantizar las condiciones de dignidad, respeto e intimidad de los familiares", que podrán estar presentes tanto en el momento de la exhumación como solicitar, si lo desean, un oficio religioso. Carmen Calvo ha asegurado que es una decisión que tendrá que aceptar cualquier Gobierno: "Esta decisión mientras sea legal la tiene que cumplir cualquier Gobierno". Una vez más, coincide con Vox en sus apreciaciones, aunque el partido de extrema derecha lo expresa de una forma mucho más divertida hablando de "profanaciones" y de una especie de pulso entre el Gobierno y el Tribunal Supremo. Los Franco fían toda su estrategia a que el Supremo acepte su petición de medidas cautelares y paralice el proceso de exhumación.

Un hombre posa junto a la tumba de Francisco Franco, en el Valle de los Caídos.

El Ejecutivo también ha dado hoy luz verde en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes a la firma del acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar.

Calvo ha dejado claro que el Gobierno estará a lo que digan los órganos judiciales: "Somos el Gobierno de España y no estamos en lo que haga o no haga el poder judicial" sino que "estamos al acatamiento de sus resoluciones".

En este sentido, los familiares piden que, de ser removido, lo lleven a la cripta de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, sin embargo, desde el Gobierno se oponen a este pedido por razones de “orden público”.

Sobre el acceso a la Basílica, que el prior del Valle de los Caídos ha negado reiteradamente el Gobierno, la vicepresidenta ha recordado cómo se ha dado cuenta públicamente de la postura de la Iglesia católica afirmando que no se opondrá a la exhumación. "A ser posible con la identificación de las casi 30.000 víctimas que están allí".

Esta decisión concluye el procedimiento iniciado por el Gobierno de Sánchez el 31 de agosto del año pasado, que se ampara en la Ley de 2007 de Memoria Histórica, en el pronunciamiento de un grupo de expertos en 2011 y en el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados que convalidó el Decreto para proceder a la exhumación en agosto de 2018.

Precisó que no habrá presencia de ningún medio de comunicación ni seguidores de Franco, "no habrá imágenes ni convocatoria pública", señaló, porque será una "íntima ceremonia".