El presidente del CDDA plantea que 17 campos y 65.000 millones de barriles pueden anclar la recuperación económica venezolana
Con una definición que reordena el debate energético del país, Leopoldo Martínez Nucete afirmó que “la verdadera soberanía consiste en establecer reglas que conviertan esos recursos en prosperidad para los venezolanos, inclusive con socios internacionales”. El exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) analizó así el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.
Su punto de partida es un contraste directo: “Venezuela ha confundido el mantenimiento de su soberanía con dejar el petróleo bajo tierra”, una postura que, a su juicio, no se tradujo en inversiones ni en bienestar para la población.
Los reportes disponibles describen una asociación energética de largo plazo para desarrollar 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. El gobierno venezolano proyecta que el proyecto podría atraer más de 100.000 millones de dólares en inversiones y generar unos 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios.
Martínez subraya que las reservas continuarían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el petróleo producido en esos campos.
El analista valora especialmente la arquitectura institucional del entendimiento: “El acuerdo sobrevivirá a cualquier ocupante de la Casa Blanca. Lo mismo ocurrirá del lado venezolano. Las obligaciones no dependerán de la voluntad política de Delcy Rodríguez, sino de instituciones, contratos válidos y reglas capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno”.
En el plano normativo, destaca la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar contratos de participación en la producción, un mecanismo que permitiría atraer capital privado y elevar la producción sin modificar la propiedad estatal de los yacimientos.
El efecto, agrega, se extendería a infraestructura, banca, construcción y cadenas de suministro, con ingresos fiscales orientados a reconstruir electricidad, hospitales, escuelas y comunicaciones, bajo presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria.
